Los indígenas de la Orinoquía que sobreviven en Villavicencio
Texto: Daniel Montoya
Fotografias: David Fayad
Las comunidades indígenas desplazadas han tomado espacios para construir una Maloca o centro comunitario. Foto David Fayad
El fin de Chupave, un rincón en medio del Vichada, comenzó en 2007 con la erradicación masiva de los cultivos de coca que emprendió el Ejército. Para entonces, el resguardo indígena de la etnia Sikuani, ubicado en una de sus veredas, tenía solo siete familias. Todas se desplazaron empujadas por la violencia que llegó con la orden de eliminar las plantaciones ilícitas.
Hoy viven en Villavicencio (Meta), al igual que buena parte de los 400 habitantes que tenía ese municipio del Vichada. En 2009, como lo reportó la periodista Rosario Moreno en El Espectador, solo quedaban 250 personas en el pueblo.
Chupave vivió la presencia de las Farc durante más de 20 años. El frente 16 de esa guerrilla se tomó la economía local y la mayoría de la población se dedicó al cultivo de coca. “Nosotros trabajábamos la mata de coca. Lo nuestro era poquito, solo para el mambe. Pero recogíamos coca para grandes dueños”, narra Reynaldo Sánchez, líder de la comunidad Sikuani que ahora vive en Villavicencio.
Los indígenas Sikuani tienen su mayor asentamiento en Venezuela. Según el libro La yuca amarga y la cultura Sikuani, del investigador Jorge Rojas, el fuerte de su economía está en los cultivos de yuca brava, maíz y, en el caso de algunas comunidades del Vichada, ganado. Llevan escapando de la violencia desde el siglo XVII, cuando “los blancos” iniciaron la conquista de los Llanos por el río Meta. Según Rojas, su condición de nómadas les permitió resistir y sobrevivir.
Pero esa no fue la única amenaza que vivieron. La orden de erradicar 1.500 hectáreas de coca en Chupave, durante el gobierno de Álvaro Uribe, podría ser considerada la última conquista que padecieron los Sikuani. La Brigada de Selva 28 entró a eliminar los cultivos y a sacar a las Farc de la zona.
Reynaldo Sánchez, líder de la comunidad Sikuani. Foto: Daniel Montoya.
Según Sánchez, “los paramilitares llegaron cuando se acabó la erradicación con el Ejército. Fueron a hacer lo mismo que hacía la guerrilla: a cultivar la hoja de coca, a organizarnos. Iban a apoyar al uno y al otro para que no quedáramos en una pobreza absoluta… pero ellos eran los que tenían que estar al mando”.
Lorena Sánchez, de la comunidad Sikuani asentada en Villavicencio, explicó que con la llegada de los paras y la resistencia de la guerrilla ya no era solo el problema económico el que atravesaba a Chupave, la violencia se había tomado el pueblo.
“Hubo mucha gente que se volteó al lado de los ‘paras’ por chupar grueso. Si le tenían rabia a alguien iban y les decían que era guerrillero. No averiguaban. Iban y le pegaban un par de tiros y lo dejaban debajo de una mata con cualquier chisme”, agregó Reynaldo.
La hermana de Reynaldo, Amparo Sánchez, murió en un ataque contra el negocio donde ella trabajaba. Asesinaron a cinco personas, las “mataban y las descuartizaban”. La familia de Reynaldo salió desplazada.
La llegada a Villavicencio
Cuando los Sikuani llegaron a Villavicencio en 2008 invadieron un lote en el barrio San Antonio. Allí encontraron que, como ellos, había más de 1.600 familias desplazadas tomándose el mismo espacio. Entre ellas, etnias del Vaupés y el Vichada: los Curripaco y Cubeo.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, Villavicencio es la ciudad de la Orinoquía que recibe la mayor cantidad de desplazados. Asimismo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) registró que el 82% de su población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha.
El panorama lo completaban los constantes enfrentamientos con la Policía de Villavicencio, que buscaba expulsar a la población desplazada de San Antonio. Fueron de un lugar a otro por la capital del Meta hasta que lograron volver para rearmar su cambuche en el parque del barrio.
Con el inicio del programa de Viviendas de Interés Prioritario (VIP) del Ministerio de Vivienda, la alcaldía realizó una caracterización de los desplazados en San Antonio y los incluyó como beneficiarios. Una salida parcial al problema de “invasión” en este barrio, que sigue recibiendo familias que llegan expulsadas de su tierra..
Para reubicar a los desplazados de San Antonio, el programa VIP creó una ciudadela en el humedal de La Madrid, al sur de la ciudad. Un proyecto bastante criticado por el daño ambiental que generó y porque queda a una hora y media en bus del centro de Villavicencio.
Ahora los indígenas desplazados tienen casas, pero no trabajo. Diana Patricia González, de la etnia Cubeo, es una de las beneficiarias del programa de vivienda, y asegura que no cuentan con “un trabajo estable ni dinero para ir al colegio de los niños, o al centro de salud, o a hacer las vueltas para que nos reconozcan como víctimas”.
De hecho, para llegar desde La Madrid hasta la plaza de mercado San Isidro, la principal de Villavicencio, hay que coger dos buses. Cada trayecto puede durar hasta dos horas. Y los indígenas lo hacen, porque, como no tienen dónde cultivar, que es lo que mejor saben hacer, van a comprar la yuca y el maíz para hacer su comida tradicional.
“Necesitamos que entiendan que las familias indígenas, a pesar de que llegan a la ciudad, mantienen su cultura. Necesitamos poder sembrar yuca para el casabe y maíz para la fariña. Necesitamos tener proyectos productivos”, sostuvo Reynaldo Sánchez.
Pero por ahora no hay ni proyectos productivos ni trabajo. Marlene González, de la etnia Cubeo, asegura que les cuesta encontrar un empleo porque “no conocemos las especialidades de los ‘blancos’. A veces conseguimos trabajos haciendo aseos en casas, pero como no sabemos cocinar lo que a ellos les gusta y sus casas quedan muy lejos de La Madrid, no duramos mucho”.
María Rodríguez, de la etnia Curripacos, añadió que nadie le da trabajo porque es vieja. “Yo sé trabajar. Yo sé hacer el casabe con la yuca y la fariña con el maíz. Con eso podemos pagar las facturas”.
Las mujeres se llevaron la tabla para raspar la yuca y hacer casabe. Foto: David Fayad
María Rodríguez en su casa en La Madrid. Foto: David Fayad.
Actualmente el programa Mambrú no va a la guerra, de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), hace un acompañamiento continuo en la comunidad de La Madrid. “Hemos priorizado la conservación de la tradición oral indígena, ya que en La Madrid hay 23 familias multiétnicas desplazadas”, según Giovani Choque, psicólogo que acompaña el programa en el Meta.
Sin embargo, esto no es suficiente para salvaguardar la tradición indígena en la ciudad. Reynaldo Sánchez dice que “hace falta una Maloca (casa comunal ancestral) para reunir a la comunidad. No podemos hacer ningún trabajo étnico”.
Las comunidades indígenas que están hoy en La Madrid enfrentan nuevos retos. Ya no se trata solo encontrar un lugar para vivir, como sucedió cuando llegaron a Villavicencio desplazados de su región: deben hallar el sustento en un lugar y bajo unas reglas que les son ajenas.